Más de 200.000 mujeres fueron presuntamente sometidas a esterilización forzada en Perú en la década de los noventa, en el marco de un plan de control demográfico dirigido a los sectores más pobres de la población. La mayoría eran indígenas y campesinas.
De esa cifra, tan sólo 2.000 casos han sido objeto de una investigación en los últimos 10 años. Ahora también esos casos han quedado sin respuesta judicial tras la decisión, adoptada el 22 de enero por la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, de archivarlos.
Existen sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron.
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